Comunicado No. 28
Aunque todos parezcan ignorarlo, el modus operandi de los nuevos carteles del narcotráfico ataca el corazón de las comunidades colombianas, asesinando a sus comunicadores más queridos. No se trata de casos aislados, sino de tres jóvenes comunicadores y líderes de sus respectivas comunidades quiénes han sido asesinados para amedrentar y generar caos, a tiempo que van entrando a sus territorios. Son peligrosos carteles de narcotráfico, muchos de los cuales, según fuentes locales, se relacionan con el narcotráfico internacional, como los carteles de México.
Esta vez llegaron a la propia cabina de la emisora del corregimiento de Ricaurte, municipio de Tumaco (Nariño) y asesinaron a Javier Córdoba Chagüendo. Javier era uno de los nueve periodistas de la región amenazados hace 2 meses a través de panfletos intimidatorios que utilizan el nombre de ‘Águilas Negras’, pero que todas las comunidades relacionan con grupos de narcotráfico. Igual manera, el 12 de junio pasado, a 3 cuadras de la estación de policía del municipio de Samaniego (Nariño), fue asesinado a balazos el comunicador comunitario Libardo Montenegro. En febrero del 2018 fue asesinado Valentín Rúa en Suárez, Cauca. Ninguno de los casos ha tenido desarrollo en la investigación y los culpables se protegen detrás de un estado de impunidad.
Los tres municipios, Tumaco, Samaniego y Suárez sufren el fenómeno de grupos armados ilegales vinculados con carteles del narcotráfico de México. Las comunidades lo han denunciado permanentemente, sin embargo, no se ha realizado ninguna actividad por parte de las autoridades colombianas.
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Javier Córdoba, quien además de hacer sus programas de radio, animaba fiestas populares y gozaba de gran aprecio en toda la comunidad, es el reflejo del país inerme que está sucumbiendo bajo una oleada de terror sembrada por los carteles de narcotráfico.
La Federación de Medios Comunitarios de Colombia exige al gobierno el cumplimiento de su función para preservar la vida y mantener a las comunidades y sus medios de comunicación fuera del conflicto.
El daño colectivo causado a las comunidades de estos municipios debe ser reparado por el gobierno y los crímenes deben ser esclarecidos de manera transparente. Otro procedimiento no haría más que confirmar la sospecha, que en las comunidades existe, de una relación perversa entre agentes del gobierno y los grupos de narcotráfico internacional que están penetrando al corazón de Colombia.
